¿Se puede perseguir penalmente el ruido de un local?

El ruido excesivo de bares, restaurantes o locales de ocio no solo resulta molesto: en determinados casos puede convertirse en un problema grave que afecta directamente a la salud, el descanso y la vida personal y familiar de quienes viven cerca. Cuando la situación supera lo permisible, existen vías de reacción frente a esta actividad molesta, como la administrativa, por ejemplo, mediante la persecución del incumplimiento de ordenanzas o licencias municipales, o la civil, a través de la acción de cesación.

Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que, en determinados casos, el ruido puede constituir un delito medioambiental.

En este artículo explicamos cuándo es posible acudir a la vía penal para poner fin a una situación que, en ocasiones, se prolonga durante años.

El ruido como delito: artículo 325 del Código Penal

El artículo 325 del Código Penal incluye en su conducta típica a quienes, contraviniendo la normativa ambiental, provoquen ruidos o vibraciones, entre otros, que puedan causar daños sustanciales al medioambiente.

El Tribunal Supremo ha confirmado reiteradamente que la contaminación acústica encaja en este tipo penal, siempre que supere ciertos umbrales de gravedad. Se ha señalado que el ruido forma parte del concepto de contaminación medioambiental y que la contaminación acústica es un factor patógeno que afecta a derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la intimidad domiciliaria, personal y familiar. En este sentido, pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) nº 129/2022, de 16 de febrero, y nº 244/2015, de 22 de abril.

¿Cuándo el ruido de un local se convierte en delito?

No cualquier ruido permite acudir a la vía penal. Para que exista delito, deben concurrir varios elementos:

1. Infracción de la normativa administrativa. El ruido debe superar los límites permitidos por la normativa específica que regule la actividad (ordenanzas municipales, normativa autonómica, etc.).
2. Conocimiento y pasividad del responsable. Uno de los aspectos clave es el elemento subjetivo (dolo). El responsable del local debe saber que está generando ruido excesivo y, aun así, no adoptar medidas correctoras. Esto suele acreditarse cuando se ignoran de manera reiterada los requerimientos de la Policía Local o del Ayuntamiento, como el incumplimiento de la obligación de aislamientos acústicos o la alteración de limitadores de sonido. En estos casos, aunque no exista dolo directo, los tribunales suelen apreciar al menos dolo eventual, suficiente para condenar.
3. Gravedad del riesgo. El Tribunal Supremo ha señalado que estamos ante un delito de peligro hipotético, lo que implica que no es necesario que existan lesiones o daños efectivos. Basta con que el ruido sea idóneo para perjudicar gravemente la calidad de vida. Para ello se tienen en cuenta factores como la continuidad en el tiempo, la intensidad (mediciones acústicas elevadas) o la persistencia pese a denuncias previas. Si, además, el ruido provoca daños físicos (como lesiones de tímpano) o psíquicos (como trastornos de ansiedad), el delito medioambiental podría concurrir con un delito de lesiones.

¿Qué ocurre si la Administración no actúa?

En algunos casos, el problema se agrava porque la Administración no actúa, o lo hace en connivencia con el infractor. Más allá de la vía administrativa o contencioso-administrativa frente a la actividad —o inactividad— de la Administración, puede entrar en juego el delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), con una modalidad específica en materia medioambiental (artículo 329 del Código Penal).

El Código Penal sanciona a las autoridades o funcionarios que informen favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de actividades contaminantes, así como a quienes, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, silencien infracciones u omitan inspecciones obligatorias.

A modo de ejemplo, puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) nº 1091/2006, de 19 de octubre: «La conducta del Alcalde integra una decisión, por acción y por omisión o dejación de sus funciones que, de forma deliberada, se sitúa al lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo a ciencia cierta que actuaba y vulneraba la legalidad que regulaba la emisión de ruidos. Conoció, asimismo, los informes negativos sobre las emisiones ruidosas, contemplando impasible cómo se incumplían las propias decisiones sobre aislamiento realizadas por la Consejería Autonómica y el propio servicio técnico del Ayuntamiento. (…) En resumen, sus respectivas conductas son constitutivas de un delito de prevaricación medioambiental y de un delito contra el medioambiente (…)».

¿Qué puede hacer una persona afectada?

Si se sufren ruidos de un local en las circunstancias descritas, la vía penal puede ser una herramienta eficaz. El procedimiento penal permitiría cesar la actividad molesta, sancionar al responsable y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

El cese de la actividad molesta, que constituye un objetivo esencial, podría incluso lograrse en una fase inicial del procedimiento mediante la adopción de medidas cautelares, siempre que existan indicios suficientes de actividad delictiva y se acrediten los riesgos de mantener dicha actividad durante la tramitación del proceso.

Dado que esta vía está reservada para los casos más graves, resulta necesario aportar al juzgado una base sólida que permita apreciar la concurrencia de los elementos del delito. A tal efecto, pueden resultar especialmente relevantes:

• Actas policiales reiteradas que reflejen los incumplimientos.
• Expedientes administrativos con requerimientos desatendidos.
• Mediciones acústicas.
• Informes médicos sobre los trastornos ocasionados.

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Autor del texto: Iván Castro